El gobierno hizo trascender que su
nueva meta para el año en curso es lograr mejorar la competitividad de la
producción argentina. Sin embargo entra regularmente en contradicciones que
ponen en duda su capacidad para alcanzar la nueva meta propuesta.
Un
elemento central para mejorar la competitividad reside en bajar el gasto
público, algo que apenas se susurra hace temblar a quienes consideran que para
ganar las elecciones de octubre próximo es necesario hacer todo lo contrario.
Y
de ese análisis no se aparta el gobierno aunque su novel ministro de Hacienda
jure y perjure que de bajar el gasto público se trata.
Para
la administración Macri, el peligro callejero quedó atrás tras ser superado
diciembre. Para el usuario que circula por las grandes ciudades y sobre todo
por Buenos Aires, no. Los manteros del Once se encargaron de recordarlo.
El
problema, para el gasto público, no es la ocupación del espacio público, ni el
desalojo. Es la decisión política de “arreglar” con dinero, público, claro, a
cuánto infractor se junte o establezca por ahí.
Así,
no hay gasto público que baje, ni competitividad que se alcance, al menos por
el lado de reducir la voracidad fiscal que afecta los costos de producción y
espanta a la inversión.
Sin
embargo, el presidente Macri presentó como un logro el acuerdo al que llegaron
la provincia de Neuquén, la empresa estatal YPF y el sindicato de petroleros.
En
rigor se trató, efectivamente, de una reducción de costos por el lado de
resignar algunas de las mal llamadas conquistas sindicales como ser el pago de
horas extras nocturnas a los operarios cuando duermen en el yacimiento.
Horas
extras por dormir, algo que no se ve a menudo en ninguna parte del mundo. Y
algo, indudablemente, al que se llega cuando del otro lado del mostrador, el
patrón es el Estado administrado por el populismo político.
No
se conoce a ciencia cierta a cuánto bajará el costo de producción con estas
modificaciones de los convenios colectivos de trabajo. En todo caso, muestra
una intención sana de liquidar abusos.
Claro
que el caso de Vaca Muerta en Neuquén es especial. Primero, porque se trata de
una potencial riqueza hidrocarburífera que, según especulaciones, convertirá al
país en un gran productor de petróleo.
Segundo,
porque sin una reducción de costos, el petróleo de Vaca Muerta no es rentable,
dado que se trata de convertir en solubles a los esquistos bituminosos del
yacimiento. Es decir, una explotación mucho más costosa que la tradicional.
Tercero,
porque la explotación de Vaca Muerta representa una esperanza de abundancia
para la provincia de Neuquén y de un importante incremento de aportantes al
SUPEH, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos.
Todo
este conjunto de “circunstancias” es cuanto determina esta “buena voluntad” de
todas las partes a la que hizo alusión el propio presidente cuando presentó el
acuerdo.
No
necesariamente ocurrirá lo mismo con otras áreas. Es posible en algunos
renglones en dificultades como la electrónica fueguina, los textiles y los
juguetes. Posible, pero no sencillo. En particular, en los textiles donde
proliferan “empresas” al margen de cualquier formalidad.
Con
todo, en los tres sectores, la competencia externa determina la necesidad de
flexibilizar si se pretende una continuidad en la fabricación nacional. Caso
contrario, se trata de renglones casi condenados a la desaparición.
¿Cabe
aquí la pregunta si es esto malo, neutro o bueno? La respuesta se debe buscar
por el lado del realismo. ¿Es posible pagar 12 por lo que en otros países vale
8? Y no se trata, en muchos casos, de países con regímenes laborales
regresivos.
Quizás
la respuesta la ofrecieron los miles de argentinos que, por estos días, compran
sin aliento en los países limítrofes todo aquello por lo cual aquí pagarían el
doble o más.
Guste
o no. Se la mencione como se la mencione, la flexibilidad laboral es una
secuencia de los tiempos que corren. Ni el agro, ni la industria requieren la
mano de obra que requerían décadas atrás.
Por
el contrario, los servicios emplean los mayores porcentajes de trabajadores.
Desde la informática hasta el turismo, el comercio o las finanzas o el
transporte, los requerimientos de personal serán mayores a poco de la anhelada
recuperación de la economía argentina.
¿Y el Estado?
El
problema queda sin resolver en el Estado propiamente dicho. En su natural
función administrativa, de seguridad, de defensa, de diplomacia y de justicia.
O en su habitual prestación de servicios educativos y sanitarios.
Y
aquí flexibilizar es el verbo a conjugar. Ocurre, y lo repetimos hasta el
cansancio, que la productividad en el empleo público está por debajo del
requerimiento menos exigente. Los abusos están a la orden del día. No de ahora,
sino desde hace mucho.
Obviamente,
todo se agravó a partir del crecimiento desmedido del empleo público durante
los doce interminables años del kirchnerismo. Más de un millón de personas se
incorporaron al Estado.
Un
millón de personas que no mejoraron las prestaciones en salud, en justicia, en
educación, en seguridad, en nada.
Difícilmente
el gobierno del presidente Macri se atreva a revisar la cuestión. Casi no lo
hizo de entrada, cuando todo resultaba factible, es altamente improbable que lo
encare ahora, aunque más no sea con la excusa del tiempo electoral.
La
administración provincial de María Eugenia Vidal dispuso ahora el
correspondiente descuento para quienes no concurran a trabajar por adhesión a
los paros que disponen la CICOP que nuclea al personal médico de los hospitales
públicos, a filiales disidentes del SUTEBA docente y a la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE).
La
respuesta fue un rechazo bajo el argumento de “no nos van a amedrentar”. En
otras palabras, para estos muchachos es válido hacer huelga y además que se les
pague por no ir a trabajar. Que se les pague con los impuestos que pagamos los
vecinos. Casi como que redescubrieron “la dolce vita” o, mejor dicho, “el dolce
far niente”.
Es
por ello que el gobierno busca competitividad en otras áreas como por ejemplo
en el sector financiero, con la eliminación de las últimas restricciones a la
circulación de capitales. O con la eliminación del arancel del 35 por ciento
que protegía la ineficiente industria electrónica.
Queda,
claro, la cuestión social. Aquí parece que nada se puede hacer si se tiene en
cuenta que casi un tercio del país vive por debajo de la línea de la pobreza.
En
cierta medida es así. Impensable, de momento –y no por razones electorales-
suprimir los subsidios que atienden situaciones de gravedad. No así, en cambio,
acordar subsidios con organizaciones piqueteras como se hizo en diciembre o
pagar salarios a los manteros –aunque sea por dos meses- para que cumplan con
la ley, como acordó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Parece
que cuanto se intenta ahorrar por un lado, se lo gasta –o malgasta- por el
otro.
Eternos piquetes
El
caso de los manteros de Once merece algún párrafo aparte. No se trata solo del
erario público porteño. Va más allá de la competencia desleal hacia el
comerciante establecido y que cumple –o es deudor- con sus obligaciones
impositivas, es decir con la solidaridad forzosa de vivir en sociedad, aún con
un estado ineficiente.
Se
trata de cuanto en otros países se denomina crimen organizado. Más conocido
aquí por “mafias”. El mantero del Once es la
punta del iceberg de una o varias organizaciones delictivas que juntan
evasión impositiva, comercio ilegal, distribución de drogas, reducción de
objetos robados, blanqueo.
El
mantero del Once no se diferencia en demasía con el “trapito” o con el “barra brava”
apto para todo servicio. Resultan personajes que trabajan para mafias que,
cuando menos, gozan de impunidad policial, judicial y política. Se trata de
otro aprovechamiento más de las necesidades del “pobre”.
Así
el desalojo debe ser visto como un acto de lucha contra las mafias. Y, en tal
sentido, merece apoyo. En todo caso, la pregunta es por qué se tardó tanto y la
incógnita es si los manteros volverán o no.
Tal
vez la respuesta deba buscarse por el lado del traspaso de la policía a la
comuna de Buenos Aires. Solo, tal vez. Un ahora se puede cuanto antes no se
podía. Cuestión de tiempo para confirmar o no.
Mientras
tanto flota en el aire la demanda de actuación –represión- de los cortes
ilegales de la vía pública. Pasó enero, pero los cortes continúan. Los manteros
en Once, algunos autotitulados vecinos de Sarandí que cortaron la autopista
Buenos Aires-La Plata con la excusa de un corte de energía.
Detengámonos
por un instante. Pocos, muy pocos, sospechosamente pocos eran los “vecinos” de
Sarandí que impidieron la circulación por la autopista. Casi nula la relación
con los 1.700 hogares perjudicados por la interrupción del suministro. Pero
mientras el corte se producía, los automovilistas bloqueados eran asaltados a
punta de pistola ¿Y el Estado? Bien gracias.
El
Estado goza del monopolio del empleo de la fuerza para hacer cumplir la ley. Es
así, desde que el Estado moderno fue creado hace ya varios siglos. Parece que
algunos funcionarios no lo entienden ¿O será que los paraliza la posibilidad de
consecuencias fatales?
La inserción en el mundo
A
todo esto, un grupo de ministros –algún nombre en plural hace falta darles-
viaja esta semana a Davos, Suiza, al foro que reúne a los principales
empresarios y banqueros del mundo.
El
flamante Nicolás Dujovne, de Hacienda; Francisco Cabrera, de Producción;
Esteban Bullrich, de Educación; Susana Malcorra, de Relaciones Exteriores y el
presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Objetivo:
demostrar que la gobernabilidad en la Argentina está asegurada, que no hay
marcha atrás sobre la decisión de aceptar las reglas del mercado y de la
comunidad internacional ¿Para qué? Para atraer capitales. Algo que hasta aquí,
llega con gotero.
Claro
que aun si la desconfianza perdura, dados los esfuerzos del justicialismo en su
conjunto que nunca termina de arrepentirse de su populismo intrínseco, este año
el gobierno puede mostrar avances significativos.
El
arreglo con los holdouts, la liberación del mercado cambiario –esencial para
las multinacionales que remiten utilidades a sus casas matrices-, la reducción
de aranceles, la normalización del comercio exterior, la eliminación de la casi
totalidad de las retenciones a las exportaciones, el exitoso blanqueo de
capitales, conforman logros impensables hace un año cuando al Foro concurrió el
presidente Macri.
Pero,
siempre hay un pero, ese pero es… Trump. A cinco días de su asunción como
presidente número 45 en la historia de los Estados Unidos, las incógnitas
persisten. No sobre sus intenciones, sino sobre su capacidad para
materializarlas.
La
mirada de Trump será una mirada hacia adentro de los Estados Unidos. Si hace
falta con proteccionismo o si hace falta levantar un muro de separación con
México, Trump parece predispuesto a llevarlo a cabo.
Ya
consiguió algún éxito con la industria automotriz, en particular con la marcha
atrás de Ford en su proyecto de construcción de una terminal en México. Todo
indica que el mercado de capitales será menos abundante y que, por ende, el
costo del dinero puede encarecerse.
Algo
que no es favorable para la Argentina que, de momento, financia su déficit
fiscal y su plan de obras públicas con endeudamiento externo. Fondos
conseguirá, solo que deberá pagar tasas de interés menos
ventajosas.
Sin
embargo, no todas son pálidas. La información indica que el nuevo presidente de
los Estados Unidos mantuvo una reunión sobre Latinoamérica y que fueron tres
los temas tratados: Venezuela, el arribo de menores sin sus padres a Estados
Unidos y… la Argentina.
Los
trascendidos señalan que Trump está al tanto del cambio operado en el país y
que ve con buenos ojos la colaboración entre ambos estados.
Claro
que si una cualidad –o lo contrario- caracteriza a Trump es ser impredecible.
A
tal punto que, de momento al menos, fomenta los disensos entre los miembros de
su futuro gabinete. Y no se trata de disensos entre ellos, sino con él mismo.
Acaba,
por ejemplo, de mostrarse satisfecha por la contradicción entre su pensamiento
sobre Rusia y el de su futuro Secretario de Estado, Rex Tillerson. Para el
presidente, Rusia merece crédito y colaboración. Para Tillerson, y para el
secretario de Defensa, el general retirado del cuerpo de Marines, James Mattis,
Rusia es un peligro que busca quebrar la OTAN, el pilar defensivo de Europa y
Estados Unidos.
Se
verá, pero entre Rusia, Siria, Irak, la inmigración ilegal, Corea del Norte y,
sobre todo, China, no parece quedar mucho espacio para la región. Y, en todo
caso, Cuba y Venezuela, a priori, parecen candidatas a concentrar la atención.
Cualquier
cambio en los Estados Unidos repercute en toda la geografía del planeta. Más
aún cuando ese cambio lo protagonista un, a priori, populista Donald Trump que
reemplaza a un multirateralista convencido como es Barack Obama.
* Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS
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