MUNICIPIO DE MARCOS PAZ

miércoles, 4 de enero de 2017

De Ministros, Corruptos y Traidores. Por Luis Domenianni*.

La Columna de la Semana. Mucho suele ser dicho y escrito cuando se producen cambios ministeriales en la Argentina. Aunque mucho de lo dicho y escrito parece revestir podo de importantancia a la hora de la evaluación de los problemas de fondo.

No quiere decir que las razones inmediatas de un despido no resulten otra que celos, egos, internas, incomprensión o colocación de amigos. Pero aun así, no debe soslayarse el contexto que rodea el momento de quiebre.
La salida de Alfonso Prat-Gay del elenco ministerial del presidente Macri pone en evidencia una cierta pasión por lo circunstancial por encima de lo profundo.
¿Se lo echa a Prat-Gay por sus errores, sus equivocaciones, sus desaguisados o por cosas peores?
De ninguna manera, nadie está en condiciones de acusarlo de nada en particular, mucho menos de algo espúreo.
Es más Prat-Gay se fue –o, mejor dicho, lo fueron- en el preciso momento en que quedaba de manifiesto el éxito inesperado –ni siquiera previsto en el cálculo más optimista- del blanqueo de capitales que ya superó los 90 mil millones de dólares y que, ahora, da lugar a una competencia de pronósticos optimistas para su finalización en las próximas semanas.
¿Y entonces? Entonces había que inventar una excusa que no perjudicara la esperanza de un tiempo mejor de la que aún goza, a nivel popular, la administración del presidente Macri.
¿Por qué? Porque pese a los éxitos de Prat-Gay, tales como la salida del cepo cambiario kirchnerista, del arreglo con los acreedores impagos de la deuda externa –los holdouts- y hasta la reducción de la presión tributaria –continúa altísima-, la realidad y aún más la sensación es que la economía argentina no despega.
La apuesta del presidente Macri a una llegada sin límites de capitales deseosos de invertir en el país nunca fue verificada. Como siempre, la prudencia imperó en el “gran capital” y todos prefierieron, cuando menos, aguardar los resultados electorales de finales del año que se inicia.
Está claro que no se debe –no conviene- decir que Prat-Gay se va porque la economía no despega. En el lenguaje simplificado al extremo de las redes sociales a que son adeptos los comunicadores del gobierno, sincerarse resultaría un golpe a las expectativas que aún persisten y que se eslabonan con el año electoral.
No. Es preferible caer en lo anecdótico. En aquello de un “Prat-Gay que no sabe trabajar en equipo”. “Que desayuna bronce todas las mañanas”. “Qué se cree que está para más”. “Qué solo acepta directivas del propio Macri y de nadie más”.
Y para ello, hay que sacarlo a las apuradas, mientras Macri está de vacaciones –unas curiosas vacaciones con cambio de ministro y con participaciones en programas de radio- y sale a contradecir el dicho popular de “muchas manos en un plato hacen mucho garabato” con un simplista argumento que contabiliza fracasos cuando el poder oficial económico quedó concentrado en una sola cartera.
Detalles y más detalles para tapar lo concreto: que el despegue económico no se produjo y que, por lo tanto, algún fusible debe saltar. El fusible fue, pese a sus numerosos éxitos, Prat-Gay. Así de sencillo.
¿Nueva etapa?
          Todo comienza por una división de la cartera de Hacienda entre Hacienda y Finanzas a cargo, respectivamente, de Nicolás Dujovne y de Luis Caputo, este último con sobrada experiencia en la materia ya que fue el negociador con los “holdouts” con Prat-Gay como ministro.
          Dujovne empezó por desnudar objetivos contradictorios de la actual administración, tan contradictorios que el mismo Dujovne así lo reconoció.
          Es que reducir el déficit fiscal, aumentar el gasto en infraestructura y reducir los impuestos “distorsivos” es propio de un optimismo casi afiebrado.
          La única manera de reducir impuestos y aumentar gasto en infraestructura sin hacer crecer el déficit fiscal es atacar de lleno el descalabro heredado del kirchnerismo: los subsidios a la energía y al transporte; el inconmensurable crecimiento del empleo público –nacional, provincial y municipal- y una política asistencialista más propia de una compraventa de la paz social que de una ayuda al necesitado.
          Todo ello, sin entrar de lleno en las distorsiones que vienen de antaño, de mucho antes del kirchnerismo, como el estatuto del docente y un régimen laboral en todos los niveles de la administración pública dedicado a subvertir cualquier intento de mejorar la productividad.
          Es que, gradualismo o no gadualismo, la Argentina productiva, la que trabaja y estudia, paga enormes impuestos, a nivel europeo, para mantener un Estado que presta servicios de nivel africano.
          Ergo no se trata de “empezar a mirar muy finito como se está gastando” tal como señaló Dujovne. Se trata de mirar grueso. Y a eso, ni Prat-Gay, ni Dujovne, ni Peña, ni Macri parecen o parecieron predispuestos.
          Cierto, el gobierno se escuda siempre en su minoría legislativa que lo obliga a negociar y a transar cualquier intento de cambio.
          Como dijimos muchas veces, habrá que esperar a la elección de octubre próximo para determinar si el gobierno estaba en lo cierto o no sobre el no hacer olas en materia económica para ganar la elección.
          Y esa espera resulta indicativa de cuánto vendrá. Más de lo mismo. Con alguna ventaja inicial: los más de 100.000 millones de dólares blanqueados tributarán lo suficiente como para hacer crecer, por sí solos, en algo más de un punto el Producto Bruto Interno.
          Sí es poco pero no tanto si se tiene en cuenta la caída de aproximadamente tres puntos con que cerrará el año actual.
          Con todo, y en año electoral, no es arriesgado decir que no será mucho cuanto harán el complejo “seleccionado” económico que dirige el país que cuenta con once funcionarios: un jefe de gabinete, dos vicejefes y siete ministros. Dos más si quedan incluidos el de Turismo y el del Interior, que incluye con Obras Públicas.
Los corruptos
          Por fin, después de juntar pruebas para tirar para el techo, el juez federal Julián Ercolini decidió procesar por asociación ilícita a Cristina Fernández de Kirchner y a sus cómplices Julio de Vido, José López y Lázaro Báez, junto a otros integrantes menores de la banda.
          El juez se hace eco de las conclusiones a la que llegaron los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita quienes pusieron en negro sobre blanco todo aquello que nadie ignora, en particular los santacruceños.
          Que se trató de una banda que armó un esquema para cometer delitos, entre ellos apoderarse de los fondos asignados a la obra pública, en particular en la provincia de Santa Cruz. Una banda que encabezó, hasta su muerte, Néstor Kirchner.
          Era necesario para lograr semejante propósito ocupar con “amigos” las áreas respectivas y poner del otro lado del mostrador a un testaferro. Sí claro, de Vido, López y Báez.
          Pero lo más importante es el detalle: obras con sobreprecios, irregularidades, retrasos, falta de controles y certificados falsos fueron la rutas nacionales 3, 40 y 288 y las provinciales 9 y 12. 
          Los contratos con irregularidades totalizan un valor de 3.232 millones de dólares y los de sobreprecio suman otros 1.000 millones de igual moneda.
          La lectura completa del fallo del juez Ercolini, que consta de 794 páginas, indica con claridad que el cerebro de toda la operación y jefe de la operatoria hasta su muerte resultó el ex presidente Néstor Kirchner.
          El tenor de los embargos, 10.000 millones de pesos da una idea de la magnitud de lo “robado” por la banda K.
          Cristina Kirchner suma así un nuevo procesamiento al de la venta de dólares futuro que puede pasar a juicio oral tras la finalización de la feria judicial.
          Sobre la ex presidente comienza a cerrarse el anillo de causas que la tienen como protagonista principal.
          No obstante, el fin de año también resulta fatídico para la siguiente generación de los Kirchner, sus hijos Florencia y Máximo. Se trata, como todo el mundo lo sabe, de dos personas que lograron enriquecerse en millones de dólares sin ocupación conocida alguna previa, salvo la de hijos de…
          Ahora, el juez Ercolini dispuso un embargo de sus bienes en la causa –otra causa- Hotesur. Se trata de bienes heredados del padre de ambos y del traspaso de bienes de la madre –Cristina- a la hija –Florencia- en otro intento de burlar la justicia.
          ¿De qué se trata? De dieciséis inmuebles y de varias participaciones societarias, dos de ellas muy conocidas: la propia Hotesur y Los Sauces SA. Bienes que, como todo el mundo, sabe están al alcance de la mano de cualquiera…
          Todo esto, tan solo una semana después de conocerse la confesión de los directivos de la empresa brasileña de construcción Odebrecht, quienes sindicaron pagos por 35 millones de dólares a funcionarios argentinos para la adjudicación de contratos de obra púbica durante el período kirchnerista.
          Una confesión que, seguramente, dará lugar a otra causa o agravará las existentes a poco que los datos vayan siendo remitidos desde Brasil, los Estados Unidos y Suiza.
          Sin dudas, el avance de las causas por corrupción resulta una buena noticia para la Argentina que trabaja y estudia.
          No obstante flota una pregunta en el aire, buena parte de la misma debe ser respondida por los tres poderes del Estado: ¿Qué hacer con los jueces de la mal llamada “justicia legítima”, casi todos ellos partícipes necesarios en el encubrimiento y la impunidad de los K?
          Es difícil entender como una tal Ana María Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal, dedicada durante todo el último año a tratar de impedir, por todos los medios, ya no el enjuiciamiento sino la simple investigación sobre las denuncias del fallecido fiscal Alberto Nisman
          A tal punto, que el propio presidente Macri felicitó a los restantes integrantes de la Cámara por resistir presiones del sector K de la justicia, con Ana María Figueroa señalada como tal.
          ¿Y Casanello? Como siempre, arrastra los piés.
Los traidores
          La decisión de la Cámara de Casación Penal de reabrir la investigación sobre las acusaciones del fiscal Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timmerman, el ex ministro –refugiado en sus fueron de diputado- Julio de Vido, el camporista Andrés Larroque, alias “el cuervo” y los impresentables agentes de Iran, Luis D’Elía y Fernando Esteche, jefe del grupo de choque Quebracho, pone sobre el tapete otra de las vertientes del kirchnerismo: la de la traición a la patria.
          ¿De qué se trata? Se trata en este caso, de la calificación de las conductas de argentinos que ocuparon posiciones relevantes que se unieron a enemigos de la República para prestarles su ayuda.
          La grabación aportada como prueba de una conversación telefónica entre el ex canciller Héctor Timmerman y un ex titular de la DAIA, donde el representante de la comunidad judía le dice a Timmerman respecto del “memorándum de entendimiento” con Irán que “esos tipos no son creíbles”, y suelto de cuerpo Timmerman responde que “obvio que no son creíbles, sino no hubiesen puesto la bomba”, es de por sí condenatoria.
          Queda en claro como se establece en la denuncia del ex fiscal Nisman el intento del gobierno K de tapar y obstaculizar la acción de la justicia en el encubrimiento de un régimen terrorista que atentó contra el edificio de una organización social argentina y dejó un saldo de 84 personas asesinadas.
          Para Cristina Kirchner ya no se trata de aparecer ante el mundo como una corrupta más. Ahora se trata de aparecer como cómplice de un régimen fanático.
          La denuncia de Nisman señala que las motivaciones del kirchnerismo para pactar la impunidad de los iraníes acusados fueron dos: geopolíticas y económicas.
          Geopolíticas por su amistad con los impresentables de la tierra, en particular con Hugo Chávez y su por el entonces canciller, Nicolás Maduro. Económicas por la eventual triangulación entre Argentina, Venezuela e Irán con trigo, petróleo y comisiones en el medio.
          La decisión de la Cámara de Casación Penal repone la investigación que recayó en manos del juez Ariel Lijo, luego de la “no actuación” del kirchnerista Daniel Rafecas quién, por dos veces rechazó, sin investigar, las actuaciones del fiscal fallecido.
          Lijo muestra dos caras. Por la una, procesó a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa sobre Ciccone Calcográfica. Por la otra, aún no elevó la causa para juicio oral, algo que se espera para los próximos meses, tras varios meses del pedido en tal sentido del fiscal Jorge Di Lello.

          Mientras Cristina Kirchner ironiza sobre que la van a acusar de matar a Kennedy. En las redes sociales le responden que a Kennedy no, a Nisman.

*Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.

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