Sin triunfalismos y con no pocas
dudas por despejar, el tiempo de las expectativas económicas llegó. No mucho
más que eso, pero tampoco menos.
Algo lejano hasta hace pocas
semanas y hoy tangible con un descenso de la inflación, con la reactivación en
algunos sectores y con la alentadora presencia de potenciales inversores en lo
que se dio en llamar el mini Davos.
Ahora sí, todos los pronósticos
indican crecimiento para el año próximo. Difieren solo en su magnitud. Están
quienes con un optimismo rayano en la inconciencia hablan de un 10 por ciento
anual sobre el total del Producto Bruto Interno. Están quienes se sitúan en una
franja también optimista pero realista y pronostican un 5 por ciento. Y están
quienes con mucha prudencia auguran un 3 por ciento. Nadie menos.
De verificarse ¿Se tratará de un
crecimiento genuino? No será un crecimiento por la vía del consumo a través,
únicamente, de subsidios, sino que requerirá inversión.
El punto es entonces ¿Inversión
de qué tipo?
El presidente Macri demuestra una
visión correcta respecto de un elemento esencial para la recuperación y el
crecimiento de la economía argentina. Esa visión correcta consiste en
reinsertar al país en el seno de la comunidad internacional.
Para ello, sabe y sabemos que se
trata de demostrar que la Argentina es un país confiable. No un país, sino en
realidad, un Estado confiable.
Por supuesto estarán quienes
ideológicamente se opongan a ello. Los argumentos del infantilismo de pseudo
izquierda pretenden que convertirse en país confiable significa poco menos que
la entrega de la soberanía nacional.
En la Argentina, el populismo
siempre se las ingenió para inventar enemigos foráneos que viven para desearnos
el mal e impiden que todos seamos felices de una vez y para siempre.
Cuesta creer que con estas
estupideces –aunque ayudado por la alta cotización internacional del “yuyo”,
perdón, la soja- el kirchnerismo haya sobrevivido doce años en el poder para
dejar tierra arrasada a su salida.
Pero así fue. Y ese así fue es
casi fatídico. Es que resulta muy complicado para un inversor extranjero creer
en el país y arriesgar su dinero cuando observan el panorama argentino.
En alguna medida por el
kirchnerismo supérstite, pero sobre todo porque ven un peronismo no demasiado
dispuesto para la autocrítica.
No es fácil convencer a alguien,
que vive afuera, de invertir cuando el principal político de oposición proclama
la necesidad de suspender despidos o de prohibir importaciones. Y así, con la
frescura con la que se dice, luego se deja de lado.
Macri arrancó con la liberación
del mercado cambiario y siguió con el acuerdo con los acreedores externos. Un
acuerdo mucho más favorable al país que el que hicieron Axel Kicillof y
Cristina Kirchner con el Club de París, dicho sea de paso.
Arrancó bien, pero gerenció mal.
El impostergable aumento de las tarifas debió ser postergado por el mal manejo
–improvisación al extremo- del asunto. Queda en claro que allí no solo
comenzaron las dificultades internas, sino que fueron la luz amarilla que quedó
encendida frente a los posibles inversores.
Inflación
El
gobierno no enfrenta frontalmente la inflación. En rigor, hacerlo en términos
abstractos resultaría bastante sencillo. Prefiere la tónica gradualista que lo
lleva, inevitablemente, a postergar metas. Conducta relativamente justificada
por aquello de cuidar la paz social.
Es
este un elemento político, no económico. La verdad es que pese a los llamados a
la unidad de los argentinos, el gobierno enfrenta una sociedad partida donde
los objetivos son diametralmente opuestos.
Para
los unos, hace falta insertarse en el mundo, atraer inversiones, ofrecer
seguridad jurídica, generar credibilidad. Para los otros, todo lo contrario.
Para
unos se trata de combatir la inflación. Para otros, convivir con ella.
No
se trata solo de comportamientos disímiles, se trata de objetivos distintos, de
modelos de país contradictorios.
Pero
tampoco se trata de decir la verdad, ni de actuar con coherencia.
Los
populistas, como siempre, utilizan la tergiversación. Por ejemplo, acusan al
gobierno por el “ajuste salvaje”. La verdad es que el ajuste es casi mínimo y,
por ende, de salvaje no tiene nada.
Hablan
de despidos masivos. No son tales y, en todo caso, aquellos que se verifican
resultan producto de un achicamiento de la economía que fue signo distintivo de
los últimos años del kirchnerismo, cuando las inversiones eran mala palabra, la
producción no era tenida en cuenta y cuando se mentía descaradamente en materia
de estadísticas públicas, entre ellas las que contabilizaban la pobreza y la
indigencia.
En
esto, como en tantas otras cosas, los argentinos no estamos de acuerdo. Están
quienes pretenden formar parte del mundo y quienes reclaman, generalmente
“sotto voce”, el proteccionismo para continuar produciendo malo y caro.
Están
los sindicatos que jamás aceptan discutir productividad y que llevan,
irresponsablemente, a la quiebra a distintas empresas.
Están
los gremios estatales para los cuales la productividad, no solo no se discute,
sino que no existe. Se trata siempre de “derechos adquiridos” aunque dichos
derechos distorsionen la razón de ser de la actividad. Tal el caso del estatuto
del docente.
El
gobierno enfrenta dos problemas para intentar atacar estos males –si es que se
plantea atacarlos, cosa que está en veremos-, gran parte de ellos derivados del
corporativismo que, por lo general, propone el peronismo.
Por
un lado, su calidad de espacio minoritario en las dos cámaras del Congreso
Nacional. Por el otro, su escasa presencia en las calles a nivel de militancia.
Dos problemas políticos frente los que el presidente Macri y sus colaboradores
más cercanos resolvieron dar una batalla a mediano plazo: en la elecciones del
2017.
Economía
Quizás
con demasiado apuro y con bastante
desprolijidad por cierto, el gobierno de Cambiemos se lanzó de lleno a la
pulseada electoral.
Es
tan cierto lo antedicho que, en buena medida, resulta el origen de las disputas
en el seno del gabinete nacional.
Alrededor
del presidente Macri están quienes reclaman aún más gradualismo y pretenden una
reducción acelerada de la tasa de interés. Allí se inscriben los ministros Prat
Gay y Cabrera.
Por
el contrario, están quienes pretenden una moneda saneada como es el caso del
presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
Dirán
lo que dirán para asegurar que todo está en orden. Pero cuando el presidente
del Central dice que una inflación de un uno por ciento mensual es altísima y
el ministro Prat Gay considera, en público, lo contrario, es porque la interna
está instalada.
Tan
instalada como la puja entre la ministra Patricia Bullrich y el ex director de
la Aduana, Gómez Centurión.
En
todos los casos, se trata de una situación de prevalencia. O el huevo, o la
gallina. En otras palabras, para ganar la elección del 2017, para algunos, hace
falta flexibilizar al máximo posible –sin que se desmadre la inflación- a las
variables económicas. Para los otros, solo se gana si se lleva adelante una
política económica sin concesiones que facilite la recuperación productiva.
Por
convicción o por imperio de las circunstancias, el gobierno, por momentos, opta
por el primer escenario, cuando resuelve el problema de los juicios pendientes
de los jubilados o cuando reduce, impericia mediante, los incrementos de
tarifas.
Peor,
por momentos, hace exactamente lo contrario como parece indicarlo la propensión
a no cumplir el compromiso adquirido en la campaña de reducir sustancialmente
las deducciones por impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Una
ambivalencia que quedó clara en la elevación del Presupuesto Nacional para el
año 2017. Algo muy positivo si se considera que, por primera vez en varios
años, no se trata de un dibujo ni de una burla al Congreso, sino que refleja
metas, a priori, cumplibles.
Claro
que el sinceramiento implica un reconocimiento de una desaceleración en la
reducción del déficit fiscal y, por ende, una meta inflacionaria menos
ambiciosa, para el año electoral. O sea, el huevo o la gallina.
Política exterior
El
mini Davos de Buenos Aires fue un intento exitoso para convencer al mundo que
las cosas cambiaron en la Argentina.
En
verdad se trata de un eslabón más en la política de reinserción de Argentina en
el mundo, concepto innegociable para la administración de Cambiemos.
Junto
a él debe encadenarse la participación del presidente Macri en las
deliberaciones del Grupo de los 20 en Hangzhou, China, y su próxima
participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Sirve?
Claro que sirve y mucho. Según el gobierno, las intenciones de inversión en la
Argentina totalizan 42.500 millones de dólares. No se trata de un volumen como
para perder el aliento, pero resulta inconmensurable si se lo compara con las
inversiones recibidas durante la década “katastrófica”.
Cierto
es que no toda promesa de inversión se cumple. Tan cierto como que algunos
hacen toda clase de esfuerzos para que no se materialicen.
No
obstante, el interés por invertir en la Argentina resulta genuino, aunque
prudente. Baja productividad, alto grado de conflictividad social, bajo nivel
educativo en comparación con décadas anteriores, infraestructura colapsada,
inseguridad energética, conspiran contra la instalación de capitales foráneos.
El
proceso de reinversión no vendrá de afuera. Al menos, no en un primer momento.
Dos deberán ser los actores llamados a hacer punta: el Estado y las empresas
que ya están instaladas en el país.
El
Estado cuenta con un margen apreciable para endeudarse sin caer en un fatídico
sobre endeudamiento. Por tanto, es muy factible que la inversión en
infraestructura modernice, paulatinamente, a una Argentina quedada en el
tiempo.
Los
privados ya comenzaron a invertir. En particular en aquellos sectores, como la
agroindustria que ya exhiben una reactivación interesante.
Materias pendientes
Años
de corrupción dejaron un Estado bobo, incapaz de brindar no solo los servicios
que debe brindar, sino de proteger a los ciudadanos frente a la inseguridad.
Si
bien con las elecciones, el narcotráfico experimentó un revés momentáneo en
materia de cooptación de funcionarios del Estado, no cabe duda que algunos de
los hechos de inseguridad que se viven a diario guardan relación con la
intención del gobierno de no dar marcha atrás en la materia.
La
reciente suspensión de 154 comisarios de la Policía de la provincia de Buenos
Aires por no haber presentado en término su declaración jurada de bienes
demuestra lo anterior.
Y
otra vez la historia del huevo y la gallina ¿Qué hacer? Transar con los
policías corruptos para asegurar cierta paz o combatir la corrupción aun a
riesgo de una mayor inseguridad momentánea.
Sin
ninguna duda, lo segundo. El problema es que ya no se trata de un problema
interno en los organismos del Estado. La falta de seguridad trajo aparejada la
necesidad de la defensa propia por parte de las víctimas.
Más
allá de los casos recientes del carnicero de Zárate o del playero de la
estación de servicio, lo cierto es que los sectores que
trabajan y producen en esta sociedad ya no parecen dispuestos a poner la otra
mejilla cuando son víctimas de delitos. A tener muy en cuenta si se pretende
que la violencia no se apropie aún más de las calles.
Claro
que frente al problema grave de la inseguridad, no queda atrás la revisión de
un pasado corrupto que puso en evidencia que el país fue gobernado por una
pandilla transformada en asociación ilícita para delinquir.
Esta
semana, la banda K dejó en exposición el enriquecimiento ilícito del teniente
general César Milani, el militar amado por Hebe de Bonafini.
Milani
no solo se enriqueció, sino que, además, se apropió de los sistemas de escucha
que compró cuando organizó el espionaje “político” del Ejército al servicio de
Cristina Kirchner y sus secuaces.
También
la semana concluyó con la prisión del “Caballo” Suárez, el extorsionador secretario
general de los obreros marítimos y, como no podía ser de otra manera, dado su
carácter delictual, el sindicalista preferido de Cristina Kirchner.
Por
último, en el absurdo K del asalto a los recursos del Estado: Carbone y su
dragón de tres metros con caja fuerte incluida en su interior en su casa del
country de Hudson, entre Berazategui y La Plata.
Carbone
era solo el director general de Administración de la jefatura de Gabinete de
Daniel Scioli. Y era quien retiraba el dinero del Banco Provincia para
“solventar” la campaña a presidente del gobernador con el dinero de los
contribuyentes.
Y
como quien reparte se queda con la mejor parte, Carbone se volvió rico. Al
igual que su jefe: Daniel Scioli.
*Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.

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