Todo se negocia. O casi todo.
Del cúmulo de anuncios que el gobierno formuló tras el triunfo rotundo en las
elecciones legislativas, la casi totalidad de los rubros sufrieron modificaciones.
La casi totalidad, menos la reforma previsional.
Es demasiado temprano y aún los
acuerdos plenos no fueron alcanzados, para determinar cuáles son los ganadores
y quiénes los perdedores del cambio, pero de las discusiones, no participa el sector
pasivo.
Cierto es que la fórmula que era
utilizada para actualizar los haberes jubilatorios, en la casi totalidad de los
años en que se empleó, fue superior a la tasa de inflación que padeció –y
padece- la Argentina.
Dicho en otras palabras, en principio,
los jubilados mejoraban sus haberes con Cristina Kirchner, más de lo que los
mejoran con Mauricio Macri.
Todo eso, en principio. Es que
nadie olvida, con excepción de los amnésicos K, que el cálculo para estipular
el ingreso jubilatorio arrojaba poco más que migajas y que los juicios por mal
cálculo –ex profeso- que iniciaban los pasivos, dormían el sueño de los justos,
aun cuando beneficiaban de sentencias favorables, en otro de los clásicos
atropellos K.
Dicen –dicen que dicen- que, en
algún momento, en algún lugar y quizás, cuando el país verifique crecimiento
económico, a los pasivos se los compensará con algún incremento real.
Por ahora, a conformarse con no
perder –indexación- mediante, que no es demasiado, pero tampoco es poco, en un
país que, desde el lejano peronismo de Perón, jamás consideró demasiado a sus
mayores.
Para seguir con los jubilados, o
mejor dicho con el ANSES que atiende varios rubros más que el correspondiente
al sector pasivo, el gobierno intenta poner algún tipo de orden en este cúmulo
de asignaciones y compensaciones que caracteriza a la confusa distribución de
los recursos fiscales en la Argentina.
Así, en principio, el ANSES
pierde el ingreso del 20 por ciento que le correspondía de la recaudación del
Impuesto a las Ganancias –no menor desde que se generalizó para los
trabajadores en relación de dependencia-, pero lo reemplaza con el 100 por
ciento del Impuesto al Cheque.
Tal vez no tenga nada que ver,
pero el Impuesto más progresivo –Ganancias- queda para la Nación y las
provincias, mientras que uno de los más regresivos, el cheque, va a parar al
ANSES.
Ocurre que el Impuesto a las
Ganancias –más allá de los manejos con el monto mínimo no imponible y el
reconocimiento de la inflación- es un gravamen llamado a durar porque acompaña
las ganancias, en tanto que el Impuesto al Cheque debe necesariamente
desaparecer con el tiempo si, como se pretende, se busca potencializar las
inversiones.
Lo del cheque es tan distorsivo
como los tributos sobre Ingresos Brutos que perciben las provincias argentinas.
Además de la dispersión entre unas y otras que va desde alícuotas del 2 al 7
por ciento, según rubro y jurisdicción, el impuesto consiste en un porcentaje
sobre la facturación, exista o no ganancia real.
No solo desalienta la inversión,
sino que encarece el producto o el servicio de que se trate.
Intenciones
Precisamente, según el propio
gobierno, y sin traicionar su filosofía del gradualismo, la reforma intenta
reordenar el esquema fiscal en pos de atraer inversiones, mejorar la
competitividad y generar mayor actividad económica.
El todo, sin ninguna duda,
plausible, aunque poco claro en perspectiva de resultados.
Ocurre que subsisten varias
incógnitas. La primera: si efectivamente el gobierno logrará, con su reforma,
reducir el colosal déficit fiscal, originado por el descomunal gasto público
que la administración Macri se niega a cortar de un plumazo, en función de los
inevitables problemas sociales que acarrearía dicha decisión.
La segunda: si efectivamente
redundará en favor de la inversión privada.
Ambas están íntimamente
vinculadas. Obvio es que el gradualismo condena al país a vivir con déficit
fiscal durante largo rato. En todo caso, de cuanto se conoce hasta ahora, la
única reducción real del gasto público consiste en el cambio de índice para la
actualización de las jubilaciones que representará un ahorro de 100 mil
millones de pesos en el 2018.
Ahora bien, frente a ello, el
gobierno imagina un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno –la suma
de bienes y servicios que el país produce- que permita reducir el déficit
fiscal en términos relativos.
Dicho en otros términos. Si el
PBI totaliza 100 y el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado es de
8, el déficit fiscal medido en términos de PBI equivale al 8 por ciento. Pero
si ese PBI crece hasta alcanzar 200 y el desequilibrio se mantiene igual, el
déficit queda reducido al 4 por ciento en términos de PBI.
Por supuesto que nunca nada es
tan lineal y que el crecimiento anual del PBI no es del 100 por ciento, sino
apenas –según lo esperable- del 4 por ciento. De allí que la reducción del
déficit, por esta vía, es por demás lenta.
Imaginar actualmente un
incremento del 4 por ciento o algo más para el 2018 no resulta peregrino. Es
factible. Sobre todo si se tiene en cuenta que, como consecuencia de los tres
años de recesión, la industria cuenta con una importante capacidad instalada
ociosa.
No es lo mismo hablar de
capacidad instalada ociosa que de modernizar o ampliar dicha capacidad
instalada. Lo primero solo requiere una nueva puesta en marcha. Lo segundo
requiere inversión. Y eso es toda una decisión.
Y aquí sobresalen algunas
contradicciones, parte de las cuales parecen haber quedado subsanadas.
Es el caso de los incrementos
sobre las alícuotas de algunos impuestos internos o el de la disminución de la
protección arancelaria –vía impositiva- para la electrónica.
El gobierno necesitado de un
apoyo generalizado para las reformas a fin de hacerlas creíbles en el mundo,
aceptó las objeciones de las provincias respecto de la imposición sobre el vino
o el incremento de las alícuotas para las cervezas y las gaseosas edulcoradas.
Mantiene, hasta el momento, un
conflicto por las bebidas gaseosas azucaradas. Todo indica que también cederá
ante la presión de las provincias azucareras, de las productoras de jugos de
fruta y de las multinacionales de gaseosas.
Distribución
De los cambios, casi todas las
provincias salen indemnes –en principio- y la de Buenos Aires emerge como
ganadora.
Es así si la mirada solo se
limita al momento de la firma de los acuerdos que, si nada lo impide, ocurrirá
el jueves próximo.
Es que Buenos Aires no paró de
perder desde los albores de la recuperación democrática.
Fue primero el presidente Raúl
Alfonsín quién solicitó a Buenos Aires una cesión de su porcentaje de
coparticipación federal de impuestos para compensar los desequilibrios del
resto de las provincias.
Luego, el presidente Carlos
Menem aceptó la demanda de Eduardo Duhalde para presentar su candidatura a
gobernador bonaerense, de establecer un fondo compensatorio para la provincia
al que se lo denomino Fondo de Reparación Histórica para el Conurbano
Bonaerense.
Para ello, se destinó el 10 por
ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, con un tope de 650
millones de pesos. Dicho tope y dicho porcentaje resultaron prácticamente
iguales al comienzo.
Pero, con los años, la inflación
y el inconstante crecimiento de la economía, barrieron con cualquier lógica.
Buenos Aires continuó percibiendo 650 millones de pesos anuales y el resto de
las provincias se repartieron el Fondo del… Conurbano Bonaerense por valores
que alcanzaron los 50 mil millones de pesos.
O sea que el 98 por ciento del
Fondo del Conurbano Bonaerense iba a parar a cualquier otro lugar del país que
no fuese, precisamente, la provincia de Buenos Aires.
Con el nuevo ordenamiento:
“cheque” para el ANSES y ganancias para la coparticipación federal, la masa de
recursos coparticipable alcanzará, en el 2018, a los 230 mil millones de pesos.
Con ello, las provincias
compensan las pérdidas por el Impuesto al Cheque y algo de una eventual
disminución del gravamen sobre Ingresos Brutos.
Buenos Aires, por su parte,
incrementa sus ingresos en 20 mil millones de pesos y se le reconoce por parte
del gobierno nacional, a modo de compensación por los años anteriores, otros 20
mil millones para el 2018 que pasarán a ser 45 mil millones en el 2019.
A cambio, Buenos Aires y las
provincias que mantienen juicios contra el Estado Nacional deben desistir de
sus demandas.
Otras reformas
Si las provincias deben
comprometerse a mantener el equilibrio fiscal entre gastos e ingresos, si los
jubilados deben contentarse con la actualización inflacionaria –ahora
trimestral en lugar de semestral- de sus haberes, serán los trabajadores
quienes compondrán el tercer sector que deberá resignar posiciones.
En rigor, resulta una sentencia
de escasa profundidad. A poco que se la observa, la llamada flexibilización
laboral perjudica poco o nada a quienes trabajan y mucho a quienes arreglan o
negocian en derredor del mundo laboral.
Abaratar despidos o impulsar la
reducción del número de sindicatos o promover la adhesión de las provincias a
la Ley Nacional de Accidentes del Trabajo (ART), es enfrentar –no aún embestir-
contra quienes lucran con el trabajo de otros ya sean empresas o los propios
trabajadores.
Es que en la Argentina, desde
hace más de medio siglo, una de las “industrias” más prósperas es la de los
juicios laborales, donde se confabulan estudios jurídicos, jueces poco y nada
probos y sindicalistas amigos, con la bendición de sacerdotes encumbrados.
Una mezcla que el gobierno
intenta desbaratar y a la que el sindicalismo opone resistencia visible y los
demás, lobby invisible.
La reforma laboral es mucho más
que lo descrito. Es la posibilidad de cambios y transformaciones dispuestas por
el empleador en las modalidades de trabajo siempre que no causen perjuicio
moral o material al trabajador.
Es la introducción del contrato
a tiempo parcial. Es la redefinición del salario que no incluye, a los efectos
de la indemnización por despido, los adicionales que otorga el empleador como
teléfonos celulares o prestación de medicina prepaga. Es la reducción de
aportes patronales por tres años para quienes incorporan personal.
La reforma laboral parece ser la
pata –la única- por donde el gobierno busca fomentar el crecimiento de la
economía mediante la inversión.
Es una apuesta difícil en
particular cuando del comportamiento del empresariado argentino se trata.
Llegó la hora…
De Vido, preso. Boudou, preso.
Báez, preso. José López, preso. Ricardo Jaime, preso ¿Adivine quién falta?
Sí, acertó. Por ahora, está
procesada. Por ahora, presenta escritos. Por ahora, actúa como víctima. Por
ahora, vilipendia a Parrilli, gran candidato al felpudo de oro. Por ahora, se
lava las manos. Por siempre y como siempre, sobreactúa.
Mientras tanto, su
comportamiento anti solidario hacia sus cómplices, genera bastante más que
resquemores. Ya da pie a posibles confesiones de terceros que la involucren.
En particular, en los avances
del caso Nisman. Es que ya la teoría del suicidio murió de muerte natural. Como
era evidente, el homicidio ya resulta irrefutable.
Y como dicen los franceses,
cuándo un crimen no está del todo esclarecido: “cherchez la femme”. Traducido:
busquen a la mujer. Eufemismo que equivale a ¿A quién beneficia?
La inculpación, por parte del
fiscal de la causa, del perito Diego Lagomarsino como partícipe del plan
criminal para matar al fiscal Alberto Nisman, abre las puertas para profundizar
la investigación.
La inminente citación a los custodios
que no actuaron como tales en el homicidio de ex fiscal buscará conocer más
datos sobre la relación de algunos de ellos con agentes de la ex Secretaría de
Inteligencia. Y de allí…
Homicidio de Alberto Nisman y
causa por traición a la patria por el pacto con Irán motivan una enorme
preocupación entre Cristina Kirchner y sus cómplices. Comentan en su entorno
que más aún que las causas donde se la vincula con la corrupción.
Hasta aquí los pactos de
silencio que protegen a la ex presidente, funcionan. Ni Báez, ni De Vido, ni
López, ni los colaboradores presos de los anteriores, la involucran. Pero, no
hay silencio que dure mil años. Menos aún, cuando la protegida “no pone las
manos en el fuego”.
Y la justicia va. No iba, pero
va. Difícilmente vaya por Bonafini. La proteje su vinculación con el exterior y
su edad. Pero dicen que pronto será el tiempo del quinto
diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires.
Veremos.
* Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.
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