Semana vertiginosa,
si las hay. Los recientes, fueron, con certeza, los siete días más movidos que
se recuerdan desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Si las reformas que propone –y negocia-
el poder ejecutivo dieron lugar a un sinnúmero de declamaciones y, sobre todo,
de especulaciones políticas, económicas, sociales, laborales e institucionales,
la catarata de movimientos judiciales obtuvo un protagonismo que contrasta de
lleno con los casi dos años de escasa movilidad de la justicia argentina.
Cierto, hubo casos anteriores.
Ricardo Jaime, por ejemplo, da cuenta de ello. También Lázaro Báez o Milagro
Sala. Y sin dudas, el “bolsero” José López.
Pero, los últimos diez días
mostraron el desafuero del otrora todopoderoso Julio De Vido y a su inmediata
prisión preventiva se sumó la salida relativamente negociada, pero salida al
fin, de la procuradora/protectora Alejandra GilsCarbó que escapa así al juicio
político o al despido liso y llano tras el fallo judicial que no le otorgó
validez constitucional a su estabilidad.
También hay que contabilizar el
fallo que condenó a dos años y medio de prisión en suspenso al “matón”
Guillermo Moreno por la compra de “cotillón anti-Clarín” con dinero público, es
decir peculado. Parece nada, pero si llega a ser condenado por amenazas a los
accionistas de Papel Prensa, en otra causa en su contra, la pena será de
cumplimiento efectivo.
Sobre De Vido cayó asimismo el
procesamiento por el cobro de coimas en el caso Skanska dictado por el juez
federal Sebastián Casanello, un año después que la Cámara de Casación aceptó
como prueba una grabación donde las coimas fueron confirmadas por un total de
aproximadamente 14 millones de pesos.
Para actualizar la información
sobre el hombre de confianza de Néstor Kirchner, De Vido está en prisión
preventiva por dos causas: el caso sobre desvío de fondos de Río Turbio y el de
pago de sobreprecios en la compra de gas licuado. Además, está en el banquillo
de acusados por la tragedia de Estación Once y por la compra fraudulenta de
vagones de ferrocarril.
Pero, sin dudas, el golpe de la
semana sobrevino con la captura y posterior encarcelamiento del ex
vicepresidente de la República, Amado Boudou, a raíz del pedido del juez Ariel
Lijo, en la causa que le sigue por enriquecimiento ilícito. Además de Boudou,
fue detenido su socio José María Nuñez Carmona.
No quedan dudas que el accionar
de la justicia, veloz e implacable desde hace solo dos semanas, está
íntimamente vinculado el resultado electoral del pasado 22 de octubre.
El rechazo popular al
kirchnerismo fue determinante para desarticular el entramado de protección e
impunidad gestado por Cristina Kirchner, cuya cabeza más notoria era la
procuradora general del Estado, Alejandra GilsCarbó.
Hoy, nada parece quedar en pie
dentro de otrora todopoderoso movimiento de Justicia Legítima. Los jueces que
arrastraban los pies ahora procesan, dictan preventivas, mueven las causas. Los
fiscales K ya no intentan equiparar a los funcionarios del gobierno con los ex
funcionarios K.
Claro que no todo culmina con la
conducta “panqueque” de algunos magistrados. Las actitudes felonas de Cristina
Kirchner desentendiéndose de la suerte de los componentes de su banda, trae
aparejadas reacciones que resquebrajan su otrora monolítico redil.
Ahora De Vido le
pasa facturas. Ahora D’Elía la acusa por hacerse la distraída. Ahora Bonafini
guarda silencio.
Otra consecuencia,
es la debacle personal. Ya nadie considera, como hace unos meses, la imposibilidad
de una preventiva para la ex presidente. Ya nadie asegura que Máximo Kirchner y
hasta Florencia Kirchner no caigan frente a los gastos y a los patrimonios que
no pueden justificar.
El cerco se
cierra.
Reformas
El gobierno
presentó un conjunto de reformas que abarcan distintos aspectos de la vida
nacional y que preanuncian no solo un relanzamiento, sino un nuevo comienzo, de
la administración de Cambiemos.
En rigor, presentó
mucho y no presentó nada. A diferencia del pasado, no hubo anuncios concretos
sobre resoluciones, decretos o proyectos de ley, sino discursos, respuestas,
palabras que dicen mucho pero que comprometen poco y nada.
Para ilustrar el
párrafo conviene recordar los términos empleados por el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, en el Senado cuando subrayó la “predisposición del gobierno para
negociar cambios”.
O la progresión
hacia abajo del Impuesto directo sobre el vino que parece disminuir su alícuota
inicial a medida que las provincias –la radical Mendoza, a la cabeza- hacen conocer su desagrado.
El todo confirma
aquello de “a prueba y error”, pero le agrega un concepto de neto carácter
comercial: exagerar para llegar a un punto medio. En otras palabras, regateo
con mayúsculas.
Claro que el
regateo no abarca, en principio, la marcha atrás.
Es que el gobierno
se debate entre tres factores que lo asedian. Por un lado, la necesidad del
crecimiento de la actividad económica. Por el otro, la obligación de reducir
los desequilibrios del Estado. Finalmente, llevar a cabo la tarea dentro del
contradictorio marco del gradualismo.
Entonces, recurre
a fórmulas complicadas en la búsqueda de dichos objetivos. Fórmulas que hablan
del fomento de la actividad económica a
través de la reducción de la voracidad
fiscal, pero paralelamente distintas alícuotas son aumentadas y hace su debut
un Impuesto a la Renta Financiera para personas físicas.
Ocurre que
enfrentar, por ejemplo, mes a mes, los salarios de 3,6 millones de empleados
públicos que suman todos los niveles de la administración impide achicar esa
voracidad fiscal que coloca a la Argentina como uno de los países con mayor carga
impositiva.
De esos 3,6
millones de empleados públicos, 1,4 millones corresponden a los cargos creados
durante el gobierno del kirchnerismo, algo que se menciona poco para evitar
proceder en consecuencia.
El gobierno
reconoce, en privado, que el costo de las reformas implicará un impacto sobre
el Producto Bruto Interno equivalente al 1,5 % que debe agregarse a los 2
puntos que significó la Ley Pyme, la disminución de las retenciones al agro y
la minería, y el incremento del monto mínimo no imponible del Impuesto a las
Ganancias.
Calcula que el
eventual incremento de la actividad económica que aguarda por la aplicación de
las reformas representará un crecimiento del 4 por ciento. En otras palabras,
la relación costo-beneficios en materia fiscal será del 0,5 por ciento neto.
Más allá de los
pronósticos –nadie nunca hace cálculos que arrojan resultados negativos cuando
se encara una reforma-, es imposible asegurar el éxito del plan.
Es que con el
gradualismo, opción que el gobierno considera obligatoria para evitar costos
sociales, nunca los resultados son seguros.
Caso contrario,
ocurre con la ortodoxia. Si se la aplica, el déficit fiscal desaparece, los
precios dejan de subir y el país para de endeudarse. Suena atractivo. Claro que
el precio a pagar es el crecimiento de la pobreza, al menos por 3,4 o 5 años.
En los próximos
días, muchos se hablará de estas reformas. No solo de las impositivas, también
de las institucionales, las laborales y, sobre todo, las previsionales.
Puede hablarse
desde el diálogo o desde la resistencia, o desde una mezcla de ambos.
Así, algunos
gobernadores intentarán morigerar los cambios que afectan a sus producciones.
Así, los sindicatos intentarán frenar el todo o parte de la reforma laboral.
Así, algunos jueces y fiscales buscarán entorpecer las reformas judiciales.
Así, las provincias resistirán la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos.
No obstante, es el
renglón previsional donde los cambios generaron más críticas. Se trata de un
cambio de índice para la actualización de los haberes. Antes se lo hacía por
una fórmula compleja que abarcaba distintas variables. Ahora solo por la
inflación. Antes los haberes crecieron –no siempre- más que los aumentos de
precios. Ahora será igual.
El gobierno acusó
el golpe y erró el comentario. Vinculó el eventual ahorro con la
conformación del Fondo del Conurbano
Bonaerense. Casi como apostar a la pelea de pobres contra pobres.
Para salir del
paso, mal paso, hizo trascender que estudia una fórmula para llegar a aumentos
reales si los indicadores de la economía resultan auspiciosos. Veremos.
No obstante, justo
es señalar que el gobierno heredó las facturas de los desaguisados K y que para
remediar la situación no queda otra que producir ajustes, aunque el vocablo
suene mal.
Y, por tanto, son
esperables las quejas de los sectores afectados y el silencio de aquellos que
no fueron comprendidos.
La complejidad
verdadera está en los resultados. Si las reformas llegan, por consenso, por
aprobación o como sea, el 2019 debe mostrar resultados o, en su defecto,
generar esperanza. Caso contrario…
Datos y cambios
La mayoría de los
indicadores resultan positivos para la administración y, por ende, para los
argentinos en general. Uno, no.
Esta semana fueron
dados a conocer los datos de setiembre relativos a la industria que creció
inter anualmente en un 2,3 por ciento y
los de la construcción que evidencia una explosión con el 13,4 de aumento.
También la
recaudación pegó un salto superador del aumento de precios. Medida octubre del
2017 contra igual mes del año anterior, el alza fue del 31,4 por ciento. Los
brotes verdes comenzaron a crecer.
Pero la sonrisa se
termina cuando hablar de inflación se trata. Si setiembre arrojó un muy alto
1,9 por ciento en el aumento de precios, octubre solo reducirá, según los
analistas, el guarismo en dos décimas. Es decir, un 1,7 por ciento. Enorme si
se pretende no superar el 12 o 13 por ciento anual para la inflación del
próximo año.
En cuanto a los
cambios, de momento abarcan a personas. Así, el ministro de Salud, Jorge Lemus
fue reemplazado por Luis Rubinstein y el ministro de Agroindustria, Luis
Buryaile, dejó su lugar al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA),
Luis Etchevehere.
Todo indica que en
los próximos días algunos ministerios dejarán de serlo. Se habla de Cultura, de
Medio Ambiente, y de Ciencia y Tecnología, con gestiones, en particular los dos
últimos que dejan que desear a criterios de la jefatura de Gabinete.
Pero también se
habla de cambios en aquellos departamentos estatales donde los ministros no se
llevan bien con sus secretarios y subsecretarios.
Así las cosas, el
futuro inmediato se presenta particularmente movido, al punto que no son pocos
quienes consideran que el gobierno del presidente Macri, ahora, comenzó.
El pasado
Frente al pasado,
por lo general, los ciudadanos, cualquiera sea su calificación, reaccionan de
dos maneras. O pretenden superarlo con un salto hacia el futuro o pretenden
analizarlo, estudiarlo, asimilarlo para no repetir errores.
No obstante,
siempre existe una minoría que opta por intentar reproducirlo. Es algo así como pretender que las mujeres dejende vestir la bikini en la playa o en la pileta para volver a
usar aquellos simpáticos trajes enterizos –pantalón y chaqueta- de principios
del siglo XX.
No se trata de
moda retro, ni de nada que se le parezca. Se trata de insistir con fórmulas que
fracasaron, con relatos que no conducen a ninguna parte, con metodologías que
ya nadie comparte.
También en estas
cuestiones la semana fue prolífica.
Por un lado, la
huelga salvaje de los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Por el otro, la marcha
despolitizada/politizada por Santiago Maldonado.
Lo de Aerolíneas
demuestra, en gran medida, la alusión que formuló el presidente Macri cuando
habló sobre la inmensa cantidad de sindicatos que existen en la Argentina.
En la semi
estatizada Aerolíneas Argentinas conviven ocho gremios. Conviven es solo un
decir. Cuando no para uno, para otro. Cuando alguno soluciona su conflicto,
inmediatamente comienza el entredicho del otro.
En la mayoría de
los casos, no se trata de controversias razonables, sino de paros políticos.
Nadie puede justificar el paro reciente. Ningún gremio puede condicionar la
política aeronáutica de un gobierno elegido y ratificado en las urnas.
Ninguna excusa es
válida. Mucho menos, cuando se pretende mantener una preeminencia que no se
condice con la prestación, ni con los resultados de la empresa. La actual
Aerolíneas Argentinas no es una solución para el país, sino un mal negocio que
pagamos todos los ciudadanos, volemos o no.
Por último, la
marcha por Maldonado. A ver, Maldonado está muerto, falleció como consecuencia
de ahogarse en el Río Chubut, nadie colocó, ni manipuló el cadáver, no fue
golpeado, ni baleado. Ergo, basta.
*Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario