Apareció el cuerpo sin
vida de Santiago Maldonado. Apareció, además, sin lesiones, sin orificios de
bala, sin huesos rotos, sin nada que revele que fue víctima de alguna violencia.
Quedan incógnitas por resolver. Pero, sobresale una certeza: a Maldonado no lo
mató nadie.
Duro y chocante para todos
aquellos que se empecinan en dotar al, por demás largo episodio, de
características conspirativas, represivas por fuera de la ley, violadoras de
los derechos humanos, asemejadas a la “criminalización” de la protesta social y
demás condiciones propias de la dictadura militar del período 76-83.
Duro y chocante porque no fue el
Estado, ni una política deliberada del Estado la que acabó la vida con el
tatuador que apoyaba la causa de un grupo violento y delictual,partidario de la
creación de un Estado mapuche separado de la Argentina y de Chile.
Duro y chocante porque no fue
una fuerza del Estado, la Gendarmería Nacional, la causante de la muerte del
momentáneo activista.
Duro y chocante, porque ni
siquiera fueron algunos gendarmes, excedidos en su comportamiento, quienes
asesinaron a Maldonado.
Es cierto. Aún restan conocer
detalles, no menores por cierto. Pero, nada indica que fueran a desmentir las
afirmaciones anteriores.
Tal vez murió por un paro
cardíaco producto de una hipotermia. Tal vez, murió por ahogo. En todo caso, no
murió por violencia. Salvo, claro, que en la sempiterna manipulación del
lenguaje y la realidad que llevan a cabo algunos interesados, consideren como
muerte violenta al paro cardíaco o al ahogo que sobrevino como consecuencia del
desalojo por parte de la Gendarmería del corte de la ruta.
Sí, claro, se trata de una
interpretación sesgada a la que siempre pueden echar mano los violentos que
atacaron la sede del gobierno comunal en Mar del Plata, que pintarrajearon el
Cabildo de Buenos Aires, que arrojaron bombas Molotov en La Plata.
Y no solo los violentos. También
las especialistas en tergiversar la realidad como Estela de Carlotto,
convertida en una opinóloga carente de fundamentos en todo aquello que sirva
para atacar al gobierno nacional por lo que hace, lo que deja de hacer, lo que
no hace, lo que planea hacer, lo que hará y alguna cosa más.
Restan conocer detalles, es
cierto, pero los dos interrogantes principales quedaron resueltos: Santiago
Maldonado ya no está desaparecido, sino muerto y su muerte no se debió a causas
violentas provocadas por terceros.
Conclusiones y
especulaciones
Según los trascendidos no
desmentidos por el juez, el cuerpo fue encontrado en un lugar señalado por un
integrante del RAM –Resistencia Ancestral Mapuche-, al parecer en conflicto con
otros integrantes de la banda.
Por ende, cualquier especulación
sobre una eventual “plantada” del cadáver debería quedar direccionada hacia el
RAM. No obstante, las versiones interesadas optaban por imaginar todo lo
contrario.
Algo así como un cuerpo plantado
por gendarmes debido a órdenes superiores que, casi con certeza, bajaron desde
el propio presidente Mauricio Macri.
Se trata por cierto de versiones
interesadas pero que responden al imaginario argentino, profesional o lego, que
siempre opta por las teorías conspirativas, aun cuando la realidad muestra lo
contrario y, más aún, cuando la verdad, como en este caso, tarda en ser
comprobada.
Ahora, por ejemplo, en la
búsqueda de algún detalle que no cierre, los representantes del Centro de
Estudio Legales y Sociales que responde al ex oficial de inteligencia montonero
y acérrimo kirchnerista, Horacio Verbitsky, pretenden que la cachiporra –tonfa-
que Maldonado detentaba en su mano derecha le fue “plantada”.
No importa que la cachiporra
esté completamente oxidada por la acción del agua del río donde el cadáver de
Maldonado permaneció sumergido. Se la plantaron. Pero, si está oxidada y la
llevaba, su intención fue golpear a alguien, llegado el caso. Se la plantaron.
¿Pretendía enfrentar a la Gendarmería? Se la plantaron.
Nada los convence porque
interponen sus intereses políticos por sobre la verdad.
Sin dudas, el episodio Maldonado
que llega a su fin, formó parte de las manipulaciones con que un sector
político pretendió encarar la elección de hoy. Ahora, por supuesto, no cargan
con las culpas.
Con excepción de Carloto, hacen
mutis por el foro.
Para cerrar el capítulo y con la
provisoriedad del caso, hasta aquí, Santiago Maldonado se unió y participó de
una de las actividades delictivas –el corte de ruta- del RAM, fue junto con el
resto de los participantes desalojado por efectivos de la Gendarmería,
pretendió huir por el río y murió ahogado.
Ahora, la justicia
Sin doble intención, por mera
opción periodística, el hallazgo del cadáver de Maldonado, su transporte a
Buenos Aires y la posterior autopsia, contribuyeron a limitar los efectos de la
decisión de dos jueces federales de solicitar el desafuero del diputado Julio
de Vido.
Por un lado, la solicitud fue
formulada por el juez federal Luis Rodríguez en la causa donde es investigada
la malversación de fondos asignados por el ya desaparecido Ministerio de
Planificación Federal –que encabezaba De Vido- por un total de 26 millones de
pesos. Algo así como unos 1.400 millones de dólares.
Se trata de un dinero que debió,
de acuerdo con lo dispuesto por el propio De Vido, ser utilizado para la
modernización de la explotación del yacimiento de carbón de Río Turbio, pero
fue desviado hacia otras actividades por las que se pagaron increíbles
sobreprecios a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La otra causa por la que el juez
federal Claudio Bonadío también solicitó el desafuero del hombre del dinero del
matrimonio Kirchner, es la que corresponde al pago de sobreprecios por la
compra de gas licuado a través de la empresa ENARSA, una pantalla para los
negocios turbios de DeVido y su adjunto, ahora bajo arresto, Roberto Baratta.
La Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados determinará, pasado mañana, el
desafuero del ex ministro y actual diputado. En caso de resultar aprobado, De
Vido, quién ya vació su despacho, será detenido de manera inmediata.
El caso no debería extrañar,
pero extraña. Es que el accionar de la justicia argentina, no solo suele ser
demasiado lento, sino que desde ya hace varios años, la colonización del aparato
judicial llevado a cabo por el anterior gobierno constituyó una acción
deliberada para asegurar impunidad a los principales involucrados.
Con honrosas excepciones, ese
aparato funcionó y aun funciona de manera proporcional al poder político que
detentan quienes lo crearon.
A la luz de los más que
probables resultados electorales, el aparato de marras quedó resquebrajado.
Quienes no formaban parte comenzaron a actuar a sabiendas que ya no serían
efectivizadas las amenazas de destitución que pesaban sobre ellos.
Quienes sí formaban parte pero
no eran pasibles de acusaciones por corrupción comenzaron a tomar independencia.
Restan claro aquellos que no tienen dónde ir.
A medida que la protección
judicial se diluye, los acusados por corrupción orientan sus mecanismos de auto
preservación hacia el amedrentamiento de quienes fueron sus partícipes
necesarios para llevar adelante sus quehaceres delictuales.
Durante la semana trascendió que
no fueron pocos los actores que, pertenecientes al sector privado, se les hizo
llegar alguna advertencia sobre un arrastresque sobre ellos provocaría la caída
del otrora poderoso ministro.
Fueron unos cuantos quienes se asustaron y
consideraron a la amenaza como algo serio. Hasta el momento, son pocos y
contados con los dedos de la mano, los llamados “empresarios” que cayeron como
consecuencia de las detenciones de y posteriores procesos judiciales de Ricardo
Jaime y de José “bolso” López.
Pero, De Vido es un pez mucho
más gordo. De Vido llega a las entrañas del poder durante los doce años del
gobierno anterior. De Vido es la antesala de los ex presidentes hoteleros. De
Vido son las conexiones internacionales. De Vido es la vinculación con la obra
pública, con la energía, con el transporte, con las comunicaciones, con la hidrovía,
con casi todo.
Por tanto, preocupa y mucho. A
todos quienes mantuvieron negociaciones con él. Y, por supuesto, a quién está
por encima de él.
Desde la política, entregar a De
Vido implica un punto de partida para dejar atrás al kirchnerismo por parte del
resto del peronismo. Obviamente, como siempre allí ocurre, las lealtades de
ayer conforman la ante sala de las traiciones de hoy. Y de los arreglos de
mañana.
Ahora es el momento del despegue.
Todos cumplen con el ritual. Hasta quién fue su jefa. Por poco no dice que
nunca lo conoció y que no sabe quién es.
Sabe perfectamente que el tiro a
De Vido es un tiro contra ella, pero lo disimula. Veremos cómo votan sus
diputados el martes próximo en el desafuero.
De momento, salvo algún ensayo
de interpretación política –como que el pedido de desafuero es el acto de
cierre de la campaña de Cambiemos- el silencio de radio entre los
“parlanchines” del gobierno anterior, es atronador.
Siempre listos para inventar
teorías conspirativas en el caso Maldonado o en comparar al gobierno
constitucional con la dictadura de los 70, nada dicen sobre la sucesión
interminable de los casos de corrupción. ¿Son todos cómplices? A juzgar por el
silencio y la falta de indignación…
Es que así como buena parte de
la sociedad argentina ama las teorías conspirativas por sobre la verdad, otra
buena parte –a veces mezclada- prefiere la ideología –por lo general, mero
populismo, más que nada,declamativo- a la honestidad, gusta de la mentira,
repite el relato y aplaude la post verdad.
Taras para nada sencillo de
subsanar.
La cúspide
Y en esto de desarticular el
aparato protector de la impunidad que el gobierno anterior montó en el Poder
Judicial, no resulta para nada menor el reciente fallo del juez federal en lo
Contencioso Administrativo, Pablo Cayssials, que declaró inconstitucional el
artículo 76 de la Ley 27.148 que regula al Ministerio Público Fiscal.
Sin dudas, el fallo se ajusta a
derecho. La Constitución Nacional enumera taxativamente los funcionarios que
pueden ser sometidos a juicio político. Entre ellos –tal como lo afirma el
fallo del juez Cayssials- no figura la jefa de los fiscales.
En otras palabras, obra del
gobierno anterior –cuando no- mediante la sanción de una ley ordinaria modificó
la norma constitucional. Ergo, es inconstitucional.
De aquí en más, el destino de
Alejandra GilsCarbó como procuradora general pende de un hilo. Y su libertad
también si se comprueba el pago de sobreprecios y otras irregularidades en la
compra del edificio destinado al Ministerio Publico Fiscal.
Llegar a GilsCarbó es llegar a
la cúspide de la impunidad. Su rol como jefa de los fiscales no fue hacer
cumplir la ley, ni esclarecer delitos, mucho menos buscar la verdad. Su
tristísimo papel se limitó a entorpecer cuánta causa existiese de sospecha
sobre los funcionarios del gobierno anterior.
Fue el paragolpes judicial, la
garantía final de la impunidad.
De momento, el gobierno hizo
trascender que no la va a remover de manera inmediata sino que impulsará una
reforma general de la ley orgánica del Ministerio Público, que incluirá lo
dispuesto por el juez Cayssials.
Una demora injustificable. Nada
impide remover a la dueña de la guarida de manera inmediata y luego pergeñar la
nueva ley. Cierto es que GilsCarbó le cabe el derecho de apelar el fallo e
inclusive llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El gobierno confía en la nueva
composición de las Cámaras y en la necesidad de renovación en el peronismo.
Por lo primero, aumentará
sensiblemente sus bancadas. Por lo segundo, en su afán de desprenderse del
pasado, imagina a un peronismo que acompañará la nueva ley. Ergo, recién
entonces la remoción, si no se produjo una renuncia previa.
No está mal desde lo táctico,
pero resulta demasiada espera para algo que requiere una solución que lleva dos
años demorada.
Siempre, claro, el consenso es
mejor. Pero no parece serlo, cuando pone en riesgo el objetivo.
Más aún cuando hace falta
discutir otras leyes como la reforma fiscal, o como la distribución de la
coparticipación, o como la reforma laboral que sí, efectivamente, requieren de
un consenso para ser sancionadas.
No vaya a ser que lo de
GilsCarbó resulte a la postre demasiado caro sin necesidad de serlo y, lo que
es peor, que esta señora continúe con su tarea de garantizar la impunidad de
quienes asaltaron el país.as
En fin, una buena semana. El fin
del relato en el caso Maldonado, el asedio al principal operador –no el
principal beneficiario- de la corrupción y la puesta contra las cuerdas de la
garante de la impunidad, conforman un avance poco común para una Argentina que
adolece de muchas cosas, entre ellas, principalmente, la credibilidad.
*Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.
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