Nada va quedando en pie del otrora
todopoderoso relato kirchnerista. Jaqueada la ex presidente, sus
dilectos colaboradores y sus familiares por el mayor episodio de corrupción de
la historia argentina, atribulada por su participación en el encubrimiento de
los terroristas que perpetraron en el atentado más grave de la historia del
país, ahora queda reducida al silencio frente a la prisión preventiva dictada
contra su favorito militar, César Milani, por diversos delitos violatorios de
los derechos humanos.
Y resta saber qué pasó con la
muerte del fiscal Alberto Nisman.
Paupérrimo papel reservado a
buena parte de los adalides de los derechos humanos que practicaron y practican
un estentóreo silencio cuando la verdad sale a la luz.
Una verdad que optaron por
ignorar en el pasado, cuando los recursos del Estado colonizado por los k, les
aseguraba fondos para sus estafas con “Sueños Compartidos” o les colocaba
familiares a diestra y siniestra en los empleos públicos.
Ya no se escuchan las voces de
Estela Carlotto para justificar en la falta de pruebas la designación de Milani
como jefe del Ejército.
Ya nada dice Hebe de Bonafini,
aun si se le recuerda su montaje periodístico “La madre y el general” en la
publicación de la organización Madres de Plaza de Mayo, cuando todas eran
flores.
El kirchnerisno, que todo lo pudo
en materia de corrupción, llegó a comprar las conciencias de algunas de quienes
perdieron sus seres queridos por la acción del terrorismo de Estado.
Les guste o no, negaron sus
propios muertos cuando les dijeron que debían avalar al represor ilegal Milani
porque se los ordenaba Cristina Kirchner que lo necesitaba para espiar
ilegalmente al resto del país. Y lo hicieron.
Vociferaron hasta el infinito
ante la pretensión del gobierno actual de hacer móvil el injustificado feriado
del 24 de marzo en contraste con su prolongadísimo mutis por el foro frente al
caso Milani.
Hasta desatendieron las
advertencias de una de sus asociadas, la madre del soldado Alberto Ledo,
desaparecido bajo el mando de Milani, con tal de hacer el juego corrupto del
kirchnerisno.
Capítulo aparte para la justicia
argentina. Años para hacer cuanto debía hacer. Bienvenida la hora de la verdad.
Pero sin olvidar que las denuncias contra Milani llevan años y que los jueces
miraron para el costado hasta ahora.
Final para la politización de los
derechos humanos. Aun cuando el desfachatado del diputado Juan Cabandié
declare, sin rubor, que la detención de Milani se debe “a la política de
derechos humanos de Néstor y Cristina”.
Final para la gloria de los que
descuelgan un cuadro más de veinte años después o se atreven a reescribir el
informe “Nunca más” producido por aquella corajuda Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP), formada por el presidente Raúl Alfonsín, y
presidida por don Ernesto Sábato.
La
detención de Milani, imputado en una causa por secuestro de personas, deberá
completarse con la investigación sobre la participación del kirchnerista ex
jefe del Ejército en la desaparición y muerte del citado soldado Ledo y en,
cuando no en un k, su enriquecimiento ilícito.
Con
todo, la prisión preventiva actual pone las cosas en su lugar.
Errores no forzados
Dos
traspiés obligaron al presidente de la República, Mauricio Macri, a presentarse
en una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido. Optó, en ambos casos por
dar marcha atrás.
El
primero fue el monto fijado por el incumplimiento de contrato por parte del
concesionario del Correo Argentino que, en su momento, fue adjudicado a una
empresa de Franco Macri, el padre del presidente.
Durante
años, el kirchnerismo nada hizo para cobrar esa acreencia a favor del Estado
Nacional. No son pocos quienes sospechan que, así, el kirchnerismo encontró en
el padre de Macri –y su dinero, claro- a un aliado.
Puede
ser, puede no ser. Lo cierto es que la deuda no se cobró y nada se hizo por
cobrarla. La tardanza favorecía a Franco Macri y perjudicaba al Estado.
Sencillamente, porque en una convocatoria de acreedores, las deudas no se
indexan.
Ergo,
la inflación k jugaba a favor de Franco Macri. Con la administración de
Mauricio Macri, el Estado intentó regularizar la situación. De la mera
aplicación de la ley, surge que al capital adeudado por doce años, solo es
posible aplicarle un interés anual. Como se dijo, la ley prohíbe la indexación.
Nada
anormal si de otro caso se tratase, pero es el caso del padre del presidente,
un clásico empresario ducho en hacer negocios con el Estado, con todo lo que
ello conlleva en la Argentina.
El
ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, advirtió en su momento al
jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el riesgo de escándalo con la aplicación
estricta de la ley. Peña no le dio importancia. Así lo confesó cuando declaró
que “Aguad, algo me dijo al pasar”.
Según
se supo, los directores de línea del Banco Nación emitieron un dictamen en
contra del acuerdo. Ese dictamen fue motivo de un duro desacuerdo entre uno de
los vicejefes de gobierno, Mario Quintana, y el ex presidente del Nación,
Carlos Melconian, que terminó con la salida de este último.
Luego
el escándalo. Gratuito. Previsible. Evitable. Por error, por ignorancia, por
dejar pasar y a ver qué pasa, por lo que sea, el gobierno permitió que el caso
se convirtiese en una causa rayana en la corrupción –y, por tanto, aprovechable
para los k- cuando ni siquiera se movió un peso.
Fue
necesario que Macri, que el presidente Macri, diese la cara una vez más. Otra
plausible, pero evitable, rectificación para poner punto final al asunto. Un
asunto al que se le dará muchas vueltas pero que finalmente será difícil
retocar porque es cuanto la ley establece.
Solo
que se debe manejar, políticamente, de otra manera.
Si
la cuestión del correo revela torpeza, la del aumento para los jubilados indica
soberbia.
Nuevamente,
la discusión técnica sobre el tenor del incremento puede resultar correcta. De
allí a plantear una reducción de 0,3 punto en el incremento semestral que
traducido a pesos, para una jubilación mínima, equivale a 24 pesos, resulta un
franco desatino.
En
primer término, porque los jubilados argentinos están mal pagos como producto
de los desquicios en las cajas de jubilaciones sobre los que la mayor parte de
la responsabilidad recae en el peronismo desde sus inicios hasta hoy.
En
segundo lugar, porque nadie con sano juicio plantea, menos aún en un año
electoral, semejante zoncera que si bien representa una mínima reducción del
gasto público implica una afrenta para el sector pasivo de la sociedad.
Peor
aún, el gobierno de Cambiemos fue el que produce la reparación histórica tras
el despojo a que el kirchnerismo sometió a los jubilados con cálculos de haberes
deliberadamente incorrectos que obligaban a pleitear durante años en tribunales
y cuyas sentencias eran ignoradas.
No
se entiende. No se puede entender tanto desafino.
Salvo
si se presta alguna atención a un nuevo “relato” que pergeña el “gurú” ecuatoriano
Jaime Durán Barba al que poco le falta
para que se atribuya el mérito único del éxito electoral del 2015, como si los
aliados de Cambiemos no existiesen y como si Frankestein, Drácula y el Hombre
Lobo que competían en frente –Cristina, Scioli y Aníbal- no hubiesen aportado
lo suyo.
Párrafo
aparte: Durán Barba llegó a decir ante los intendentes de Cambiemos, con el
presidente presente, que con el equipo del PRO –es decir, con él- Hillary
Clinton no perdía en los Estados Unidos. Soberbia a la enésima, que le dicen.
Sí,
Macri corrigió y eso es mucho mejor que el empecinamiento y la tozudez que
exhibía el gobierno anterior especializado en negar la realidad.
Pero,
como dicen todos, va siendo hora que no haga falta continuar corrigiendo.
Salarios
Bajo
cualquier circunstancia un acuerdo salarial que establezca un incremento anual
equivalente a la pauta de inflación con que fueron formulados los cálculos del
presupuesto, más una cláusula gatillo que dispare incrementos superiores si
dicho cálculo se ve desbordado, resulta un buen acuerdo salarial.
Es
el que logró el gremio de empleados públicos (UPCN) con el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
No
obstante, esa calificación puede ser puesta en duda, si no contempla un
arrastre de pérdida de salario de arrastre.
Ambos
argumentos pueden ser válidos, a condición que reflejen el contexto en el que
se desarrollan.
Así
el reclamo docente, que dejará –casi con certeza- sin asistencia a clase a
buena parte de los educandos del país, limitará el problema a la sencilla
búsqueda de un ingreso más alto.
Pues
llegó la hora de decir que no es así. Llegó la hora de señalar que la educación
pública argentina, en particular en el nivel primario y secundario, es de
pésima calidad. Que sin dudas el gobierno anterior es responsable, pero que
desde hace muchos años, el Estatuto del Docente y sus sucesivas modificaciones,
llevaron las cosas a un punto de deterioro de difícil retorno.
Hoy,
el gasto público en educación es altísimo, la calidad es bajísima y los
salarios no son satisfactorios. Faltas, licencias, suplencias se acumulan por
doquier. Es la bajísima productividad de un Estado que fue convertido en una
fuente de encubrimiento de la desocupación y en un botín de guerra por parte
del gobierno anterior.
Sin
dudas, algunos sindicatos van más allá de la mera reivindicación gremial. Como
ya es tradicional en la Argentina, sus decisiones y conductas se inscriben
dentro de un contexto político.
Correctamente,
el gobierno nacional dejó el problema en manos de las provincias. Rápidamente,
gobernadores de todos los colores políticos llegaron a la conclusión común de
pagar un incremento del 18 por ciento.
Nadie
hizo populismo. Porque nadie cuenta con la certeza de una asistencia del
gobierno nacional. Entonces, prevalece la sensatez.
¿Qué
puede ocurrir? Que las provincias se estiren dos o tres puntos en el
ofrecimiento y que las clases comiencen. O lo contrario, claro. Mientras tanto
continuamos hablando de salarios y no de calidad educativa.
Eso
no es igualdad de oportunidades.
Política
Los
aliados del PRO dentro de Cambiemos ven con asombro el cúmulo de errores que el
gobierno comete mientras se empecina en no consultar antes de tomar decisiones.
Desde
las filas del radicalismo ya nadie saca los pies del plato pero el asombro
abarca a los otrora opositores a Cambiemos y a sus más firmes defensores. Desde
la Coalición Cívica, concentrada en manos de la diputada Lilita Carrió, ven con
preocupación que la política de hechos consumados obligue a la toma de posiciones
púbicas una vez los hechos ocurridos.
Nadie
sabe que va a hacer Carrió, quien debe renovar su banca. Aunque todo el mundo
prevé una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, si Cristina
Kirchner finalmente se presenta.
Esa
candidatura de la ex presidente es deseada por La
Cámpora, sus adláteres, como Sabatella, D’Elía y el trío Boudou, Mariotto y
Esteche, pero rechazada por el resto del peronismo que pretende evitar una
nueva derrota que le reste chances para la presidencial del 2019.
La
suspensión de la cumbre peronista bonaerense de Santa Teresita, el viernes
pasado, demostró que la Kirchner deberá elegir entre Buenos Aires o Santa Cruz,
como cabeza de una vertiente por fuera de la estructura del peronismo.
¿Si
su candidatura es segura? Casi obvio. Como Carlos Menem, de quién se burlaba,
deberá eludir la cárcel y para ello, la única alternativa es un fuero de
legisladora.
En
la provincia de Buenos Aires, el peronismo contará posiblemente con tres
variantes por separado.
La de Cristina Kirchner, con el
apoyo de muy pocos intendentes y escasísima presencia en la estructura
partidaria. La de los intendentes del Grupo Esmeralda que lideran Martín
Insaurralde de Lomas de Zamora y Gabriel Katopodis, de General San Martín. Y la
de Sergio Massa con el apoyo no peronista del GEN de Margarita Stolbizer,
Por el lado radical, la incógnita
surge del futuro de su relación con el PRO dentro de Cambiemos. Consolidar
dicha alianza requiere dos cuestiones que los radicales reclamarán en su reunión
informar de Villa Giardino, Córdoba, durante la semana que se inicia.
Primero, la participación en la
toma de decisiones. Segundo, la conformación de las listas a niveles nacional y
provincial.
En cada uno de los 24 distritos
del país, la situación es distinta. Pero, en todos, el centenario partido
pretende consolidar y avanzar en su implantación territorial, como trampolín
para el futuro.
Todos se harán presentes en la
localidad cordobesa. Un “todos” que abarca al ex ministro de Economía, Alfonso
Prat-Gay.
* Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.
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