Default de Justicia. Por Luis Domenianni*.

La Columna de la Semana: Finalizó. La Argentina dejó de estar en default. Honró sus deudas. Volvió a ser un país confiable a los ojos del mundo. Claro, del mundo sin Venezuela, Corea del Norte, Zimbabwe y alguno que otro miembro más del club de los imprevisibles.

               Fue un final auspicioso. El país precisaba algo más de 10 mil millones de dólares para saldar las cuentas impagas del default decretado por Adolfo Rodríguez Sáa, continuado por Eduardo Duhalde y refinanciado en parte por los Kirchner.

               Pero los ofrecimientos fueron mucho más allá. Superaron los 60 mil millones de dólares. Prudente, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay solo tomó 15 millones. O sea unos 4.200 millones adicionales que, aseguró, serán volcados a la obra pública.

               La tasa de interés resultó aún alta: algo más del 7 por ciento. Pero sustancialmente inferior al 16 por ciento con que el amigo Hugo Chávez le prestaba a los Kirchner. Si aquello era “patriótico” y “nac and pop” ¿Esto qué es?

               La salida de la cesación de pagos debiera ser el punto de partida para la economía argentina. Ya nada queda –salvo la inflación- de aquella noche K cuando se vociferaba, se golpeaba la mesa, se amenazaba y se pensaba que así, a las trompadas, la inversión, la producción y el trabajo funcionarían.

               Ya no hay cepo cambiario, ya fueron reducidas las retenciones a las exportaciones, ya se actualizaron las tarifas –aunque algunos dicen que aún falta-, ya la moneda recuperó su cotización normal frente al dólar.

               Todo marcha bien pero… Siempre existen peros.

               Si bien el gobierno postergó sus definiciones para después de la salida del default, algunos indicadores señalan dificultades para superar el “cuello de botella” que enfrenta la economía argentina.

               Producto de la inflación heredada del desgobierno anterior con su infame trilogía de subsidios a las empresas, de sobreprecios en la obra pública y de financiamiento de la política a través del empleo púbico, la economía argentina enfrenta hoy un gasto público inconmensurable que requiere de emisión monetaria para su financiamiento.

               Tras la voracidad fiscal kirchnerista –reproducida por Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires- ya no es posible incrementar los impuestos. Tampoco es aconsejable retornar a las épocas del tándem Menem-Cavallo cuando el país se endeudaba en el exterior para mantener un artificial uno a uno con el dólar y no reducir sus gastos corrientes.

               Queda, pues, la emisión monetaria. Inflacionaria, por definición. A misma o menor cantidad de bienes y servicios transables en plaza y mayor masa de dinero, un resultado inevitable: alza de precios.

               A diferencia del gobierno anterior, la administración Macri muestra conciencia de la necesidad de reducir la inflación. Y aunque evita en todo lo posible la política del shock, no queda otra alternativa que reducir el dinero en plaza si se pretende “ralentizar” la espiral inflacionaria.

               A una tasa del 38 por ciento anual, el dinero retorna a los bancos y, de allí, al Banco Central mediante la emisión de letras, las famosas LEBAC. Pero este retiro del efectivo generado por la emisión opera, a la vez, como freno para aquellos que pretenden invertir en el proceso productivo.

               A semejante tasa, nadie se endeuda para invertir. Ergo, sin inversión y con gasto público elevado se llega al peor de los escenarios: el de la inflación con recesión o estanflación, estancamiento e inflación.

               Es un escenario que debe durar lo menos posible. Seguramente, el crédito externo empleado en modernización de la colapsada infraestructura heredada, colaborará para superar el mal momento.

               Y aquí se cae en la discusión sobre la precedencia. Aquello de si primero es el huevo o si primera es la gallina.

               Si se debe o no reducir las tasas para generar movimiento económico. Si, por el contrario, deben permanecer para ayudar a reducir la inflación.

               La discusión no es sólo teórica. Parte del equipo económico se encolumna tras la reactivación y otra parte muestra preferencia por la contención inflacionaria.

               De un lado, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, junto al presidente del Banco Nación, Carlos Melconian y, por razones diferentes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Junto a otros conforman la tropa del sinceramiento de la economía, los partidarios del shock.

               Del otro lado, el sector “político” que encabeza el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Tal como lo indica su apellido, simpatizante de una visión desarrollista: la reducción de la inflación por la vía de la mayor producción. Junto a él, todos los ministros del área productiva.

               En el medio, Alfonso Prat-Gay, partidario de un gradualismo ni muy muy, ni tan tan.

               La disputa comenzará a zanjarse a partir del próximo mes porque, solucionados los problemas de arrastre, comienza la etapa de las definiciones.

               Por ejemplo, establecer las metas monetarias y cambiarias para el año en curso. De manera tal que los inversores sepan a qué atenerse. La famosa previsibilidad que menciona el presidente de la República.

               Nadie ignora que los peores meses del año serán abril y mayo, cuando la inflación puede trepar –como producto del sinceramiento de las tarifas y de la puja distributiva- hasta un siete por ciento mensual.

               Serán los meses de la recesión. De allí, la lucha sindical por suspender los despidos.

               Curiosa la Argentina. O mejor dicho, dicotómica. Mientras desde los gremios privados casi nadie habla de salarios y todos empujan para defender la fuente de trabajo, desde los estatales se suceden las huelgas gracias a una “estabilidad laboral” a prueba de balas.

               Al respecto, los diputados de la provincia de Buenos Aires acaban de aprobar un proyecto de ley para autorizar dos días de ausencia anuales de todos los empleados provinciales a fin de “someterse a chequeos médicos”. Fácil resulta el populismo con el dinero de los contribuyentes.

Corrupción

               Parece imparable. Con silencioso clamor popular y fuerte embestida del periodismo independiente, a ritmo incierto, la investigación sobre la corrupción K, avanza.

               Con excepción del impresentable juez Norberto Oyarbide, los magistrados federales que investigan la colección de delitos de los Kirchner son los mismos jueces que estaban en funciones el 10 de diciembre de 2015.

               ¿El actual avance es producto de un cambio de voluntad? No parece. Aunque se trata de los mismos que antes no investigaban nada, que cajoneaban las causas que afectaban al poder K, que sobreseían sin más, y que son ahora quienes empujan las causas.

               En rigor, nadie está en condiciones de afirmar si se trata de gatopardismo –que algo cambie para que nada cambie- o si se trata de la “fe de los conversos” que los lleva, hiperactividad mediante, a tapar las lentitudes de antaño.

               Las causas sobreabundan y pese a que nadie las unifica, como pide Margarita Stolbizer, todas forman parte de un accionar delictivo común que se originó en la presidencia de la República, con Néstor y con Cristina Kirchner como titulares.

               Sin dudas, la “Ruta del Dinero K” en manos del camporista o ex camporista juez Sebastián Casanello, es la más rutilante de todas las causas.

               Casanello mantiene preso a Lázaro Báez, pero se cuida muy bien de hacer lo mismo con Martín Báez, el hijo “cuenta dinero” del ex cajero del Banco de Santa Cruz convertido en el multimillonario testaferro de los Kirchner.

               Es que la mamá de Martín amenazó con hablar si el “nene” va preso. Resultado, el nene está en libertad.

               De las declaraciones del valijero Fariña se desprende la necesidad de una serie de actuaciones judiciales inmediatas para acumular pruebas, pero Casanello, una vez más, volvió a arrastrar los pies.

               Con todo, e impulsada por el periodismo no militante, la investigación avanza.

               Aun así, pocas dudas quedan de la necesidad de formar un nuevo plantel de jueces federales.

               No solo la “Ruta del Dinero K” debió esperar a la caída del kirchnerismo para producir alguna novedad, otro tanto ocurre con las demás.

               Y en todas ellas, pasaron años sin que los personajes principales fueran siquiera indagado.

               Veremos si Casanello cita alguna vez a declarar a Cristina y a Máximo Kirchner o a Julio De Vido. Veremos que ocurre con la efedrina donde nadie molesta, hasta el momento, a Aníbal Fernández. Con el Plan Qunita. Con el caso Skanska. Con De Vido y la compra de trenes inservibles o con De Vido y la tragedia de Estación Once. Con Boudou y Ciccone. Con la evasión de Cristóbal López en connivencia con Ricardo Etchegaray. Con Sueños Compartidos y Hebe de Bonafini. Con el caso Nisman. Con Milagro Sala. Y, por supuesto, con Hotesur.

               Y, además, con el narcotráfico al que, deliberadamente, el gobierno de los K nunca atendió.

Política

               Volvió al sur, tras su paso por Buenos Aires. Juntó muchos diputados e intendentes bonaerenses. Pero juntó pocos senadores y ningún gobernador. La nueva versión de frente transversal que intenta nuclear no se alimenta de nada nuevo más allá de La Cámpora y de los marginales de la política como Luis D’Elía y Martín Sabbatella.

               Con todo, no está muerto quién pelea. Y, de alguna manera, por razones muy diversas quienes le prestaron el oído a Cristina Kirchner fueron más que lo esperado.

               Sobre todo en materia de intendentes bonaerenses. Según distintas versiones, la mitad de la cincuentena que se hizo presente, se escudó en aquello que dice que “lo cortés no quita lo valiente” o en “la curiosidad”.

               No parece ser del todo cierto. Más vale se trató de poner una fichita para el futuro por… si las moscas.

               Con todo quedó demostrado que los tiempos cambian. Ninguno de ellos se hubiese permitido desafiar al gobierno en la época K. Lo hacen en la etapa macrista… aunque intentan restarle importancia.

               Tres fueron las excepciones: Gabriel Katopodis de General San Martín; Alejandro Granados de Ezeiza y Mario Ishii de José C. Paz. Los tres responsabilizan a Cristina Kirchner por la derrota electoral de Daniel Scioli.

               En rigor, Cristina Kirchner busca dar respuestas políticas a sus problemas judiciales que, tarde o temprano, la verán como procesada.

               Así, en su incontinencia verbal se atrevió a decir que posee fueron otorgados “por el pueblo”. Más allá de la habitual pavada, fue un reconocimiento del problema judicial que se le avecina.

               A esta altura del partido, Cristina Kirchner ya poco y nada tiene para hacer dentro del justicialismo que se acerca a una “normalización” que se asemeja más que nada a una transición con José Luis Gioja y Daniel Scioli como caras visibles. Este último, preocupado por la posible reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito radicada en la justicia bonaerense.

               Con Gioja y Scioli, se encolumnó todo el peronismo. Sólo La Cámpora quedó afuera.

               Como una prueba más del quebrantamiento de cualquier relación entre kirchnerismo y peronismo ocurrió la esperada ruptura del bloque del Frente para la Victoria en la bancada de diputados provinciales bonaerenses.

               Trece fueron los diputados que dieron los adioses, todos ellos responden a distintas versiones del justicialismo bonaerense. Quienes se quedaron, 23 en total, son los legisladores de La Cámpora, más tres del Movimiento Evita, el ex presidente de la Cámara, Horacio González y alguno que otro que aún no definió su espacio futuro.

               De su lado, en su reunión con los senadores nacionales, la ex presidente logró juntar a 22 mientras que 20 prefirieron dedicarse a otros menesteres.

               Entre los que no fueron figuran algunos emblemáticos como José Alperovich, Omar Perotti, Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey y Gerardo Zamora. Entre los que fueron, Juan Manuel Abal Medina.

               Para el sindicalismo, en cambio, la presencia de la Kirchner pasó desapercibida. Nadie movió nada para recibirla o acompañarla. Ni siquiera del costado de los gremios ex oficialistas que encabeza el metalúrgico Antonio Caló.

               Desde el oficialismo, los dilemas son otros. Y aunque capturar peronistas es la canción del momento, qué hacer con el massismo y cómo convivir con el radicalismo son temas que ganan espacio.

               De lo primero, existen sobradas esperanzas sobre dos pases trascendentes, el del intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia y el del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. También de origen justicialista pero con militancia en el massismo, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre parece dispuesto a dar el salto.

               De la convivencia con el massismo y el radicalismo, todo indica que si bien no sin ciertos sacudones, con el segundo, la alianza está sólida; con el massismo, se trata de una cercanía de final abierto.

               Para los más optimistas, buena parte del sector puede integrarse a Cambiemos. Para los pesimistas, por el contrario, la ruptura tiene fecha fija en el 2017 y llegó la hora de recoger la línea.

*Periodista y Militante Radical en CAMBIEMOS.